LAS VÍCTIMAS DEL DELITO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Hola, ¿Cómo han estado mis queridos lectores?, espero muy bien, que esta semana de regreso a clases haya sido productiva y llena de aprendizaje, el día de hoy les escribiré un tema muy interesante, es común escuchar hablar del "nuevo" Sistema Penal, que de nuevo ya no tiene nada, pero, considero interesante escribir específicamente de la víctima del delito, dado que, a lo largo de los años el Derecho Penal siempre ha estado enfocado en encontrar delincuentes o la prevención del delito, dejando un poco rezagado el rol de las víctimas.

En el Sistema de Justicia Penal vigente, se hace énfasis en los Derechos de todas las personas involucradas en el proceso penal. En especial, hablamos de los Derechos de la persona imputada y a la vez, se destacan los Derechos de la víctima u ofendido que constituyen el eje sobre el cual trabaja el sistema acusatorio con el objetivo de reparar el daño que sufrió a causa del delito.

En este sentido, con la reforma que se da en el año 2008, las víctimas, en todo momento tienen derecho a participar durante el proceso penal, esto es sin duda un gran avance, porque es hasta ahora cuando se le da participación activa en el proceso.

Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen protecciones específicas en beneficio de la víctima para otorgarle asistencia médica, psicológica y jurídica desde el primer momento en que resiente la conducta delictiva.

El sistema de justicia penal se construyó para acompañar a la víctima durante el proceso, para ello se pretende crear una nueva figura, “un asesor jurídico”, también se ofrece la posibilidad de mecanismos alternos de solución de controversias a fin de acceder a una pronta reparación del daño, y mayores protecciones a través de las medidas precautorias.

 Por lo anterior considero que las instituciones del Estado Mexicano deben poner especial cuidado en  el equilibrio entre las partes, preservándose que el proceso sea justo. Es decir, se debe fortalecer la cultura de la legalidad e impartir justicia pronta y expedita.